jueves, 20 de septiembre de 2012
Paisaje y Ecourbanismo I:_ Programa calidad del espacio comunal
miércoles, 26 de mayo de 2010
Declaración de la Alianza por la Justicia Climática sobre Mensaje Presidencial
Santiago, miércoles 26 de mayo de 2010, Codeff.- La Alianza por la Justicia Climática, que agrupa a múltiples organizaciones socio-ambientales chilenas, con ocasión del primer mensaje presidencial de Sebastián Piñera, manifiesta:
El discurso confirma la línea de apego del nuevo gobierno al sistema neoliberal, favoreciendo los grandes emprendimientos por parte de los grupos económicos y multinacionales. Esto queda muy claro en el primer eje de gobierno, centrado en el mega-objetivo del crecimiento económico, para llegar a ser en 8 años un país “desarrollado”, con un ingreso per cápita de US$22 mil al año. ¿A qué costo social y ambiental?
Las condiciones de respeto por las comunidades y la naturaleza en los grandes proyectos mineros y energéticos aparecen como afirmaciones de buena crianza, sin ninguna referencia a los instrumentos o normativas concretas que llevarían a cambiar la situación de abuso que ha dominado hasta ahora. Del mismo modo, la insistencia en el objetivo de “Chile potencia alimentaria” basado en la agroindustria contradice la enunciada defensa del campesinado y los pequeños productores agrícolas.
Celebramos la meta gubernamental de contar en 2020 con un 20% de energía renovable no convencional en la matriz chilena. Sin embargo, nos preocupa que se busque conseguir este objetivo siguiendo el esquema actual de concentración corporativa y mega-generación, creemos que esta meta debiera alcanzarse mediante un esquema de generación distribuida a pequeña escala, bajo el control comunitario y mediante sistemas técnico-financieros que permitan a los hogares, empresas y comunidades transar con la red el superávit de la energía autogenerada.
Aunque nuestro país tiene una baja responsabilidad relativa en la crisis climática, y se encuentra entre los acreedores de la deuda climática que pesa sobre los países industrializados, creemos que el Estado chileno debe tomar medidas drásticas para corregir el rumbo de un desarrollo que reproduce los patrones socio-ambientales de aquellos países, y frenar el aumento descontrolado de gases de efecto invernadero que ha exhibido Chile durante los últimos años.
Durante estos tres primeros meses hemos visto con preocupación la postergación de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad ambiental, gestada por el anterior gobierno, y el remarcado anuncio de la Ministra de Medio Ambiente sobre la puesta en marcha de mecanismos de mercado para la gestión y regulación del tema medioambiental.
Asimismo, se han tomado decisiones de rebajar las restricciones de autos catalíticos en la ya debilitida gestión de eventos críticos de contaminación en Santiago, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la ciudad.
Entre las medidas pendientes para transitar hacia una sociedad más sustentable y baja en carbono, están:
- Regulación y progresivo abandono de la generación termoeléctrica. Para esto es urgente reponer la tramitación de una norma de emisión para centrales termoeléctricas, que regule los principales contaminantes en las plantas existentes. Como una señal clara de rechazo a esta forma de energía, demandamos la moratoria de la termoelectricidad en Chile.
- Freno de la expansión horizontal de Santiago y las principales ciudades de Chile, junto con el desintentivo al uso del automóvil particular, principales factores de emisión de contaminantes atmosféricos locales y globales en las ciudades, así como de vulnerabilidad urbana frente al cambio climático.
- La nacionalización y el reconocimiento del derecho humano al agua, y una ley para la protección legal y efectiva de los glaciares en territorio chileno, las principales fuentes de agua dulce para ciudades, comunidades rurales y ecosistemas del país.
- Promover la soberanía alimentaria, mediante el reimpulso de la agricultura campesina, la producción agrícola para consumo interno y la protección de las semillas nativas en manos de las comunidades.
En el actual contexto post-terremoto-tsunami, estamos convencidos que la re-construcción plantea la oportunidad y la necesidad de introducir políticas y soluciones social y ambientalmente sustentables, en materia de planificación territorial, vivienda, infraestructura, alimentación, transporte, agua, energía, etc. y también en cuanto a organización y control social, creando condiciones que reduzcan la vulnerabilidad y aumenten la resiliencia de las ciudades y comunidades ante nuevas manifestaciones naturales y frente a impactos ambientales locales y el cambio climático.
En cuanto a las negociaciones sobre cambio climático, Chile debe asumir su calidad de país acreedor y sumarse a las exigencias de una reducción drástica de emisiones de GEI por parte de los países industrializados, responsables históricos del cambio climático, y transferencias financieras y tecnológicas para la transición de los países del sur global hacia economías descarbonizadas. En este sentido, creemos que nuestro Gobierno debe retirar su firma del llamado “Acuerdo de Copenhague”, impuesto de manera abusiva y poco transparente por las grandes potencias, fuera del espacio legítimo y democrático de las Naciones Unidas.
En general, es necesario implementar medidas reales que pongan en práctica el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, para que este deje de ser una mera declaración de buenas intenciones y dé cuenta de la gran vulnerabilidad y creciente responsabilidad de nuestro país, en el marco de una crisis planetaria sin precedentes.
Santiago, 24 de mayo de 2010
La Alianza por la Justicia Climática está conformada por Acción Ecológica, Acción por la Tierra Chile, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, Chile Sustentable, CODEFF – Amigos de la Tierra Chile, Defensores del Bosque Chileno, EcoUchile (estudiantes U. de Chile), Fiscalía del Medio Ambiente- FIMA, Observatorio Ciudadano, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, Red de Jóvenes Investigadores ante el Cambio Climático, Recicla UC (estudiantes UC) y la Red de Defensa de la Precordillera de Santiago.
domingo, 3 de enero de 2010
martes, 15 de diciembre de 2009
CARTA ABIERTA A LOS SENADORES PARA QUE NO PRIVATICEN EL MAR
Valparaíso, 14 de diciembre de 2009. (Ecoceanos News)-- Luego de un acuerdo a puertas cerradas entre funcionarios públicos, senadores, operadores políticos de gobierno y de la oposición, fue destrabado en la Comisión de Hacienda del Senado el proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura y privatiza el mar. De ser aprobado en los próximos días, se entregarán concesiones de acuicultura a las salmoneras nacionales y transnacionales por 25 años renovables, lo que constituirá la privatización encubierta del litoral chileno. Este proyecto transformará Bienes Nacionales de Uso Público, en propiedad privada de compañías acuícolas y banqueros.Estas concesiones podrán hipotecarse como garantía por los 2 mil 500 millones de dólares que adeudan las grandes empresas salmoneras a la banca acreedora. Con ello, los bancos nacionales e internacionales podrán rematar las concesiones en un plazo de 3 años si los titulares no pagan sus deudas. Entonces el sistema financiero será finalmente el gran ganador de la “crisis sanitaria salmonera” al controlar y administrar progresivamente las concesiones acuícolas. Esto se sumará a la entrega de una línea de crédito estatal a las salmoneras por US$ 450 millones, la cual será administrada por los bancos y avalada en un 60% con dinero de toda la ciudadanía chilena.El proyecto contemplaba clausulas de caducidad de las concesiones si las empresas cometían prácticas antisindicales y violaban los derechos fundamentales de los trabajadores. Pero la presión de la industria y los bancos eliminó todo esto. Ahora el texto afirma que la concesión no se renovará luego de 25 años, si hay tres sanciones judicialmente ejecutoriadas en tres ciclos productivos, pero esta norma solo regirá en centros de cultivo donde opera la concesión y no en las plantas de proceso, y además quedan excluidas las denuncias contra empresas subcontratistas. Como en los centros de cultivo no hay sindicatos y la mayoría son trabajadores subcontratados, las causales de caducidad son letra muerta e irreal.Esta normativa constituirá un cheque en blanco para que las compañías nacionales y transnacionales noruegas, españolas y japonesas sigan abusando e incumpliendo la normativa laboral en un contexto de alta cesantía y de más de 60 trabajadores muertos en los ultimos años. Esto, como producto de las fusiones, adquisiciones y quiebras que serán ejecutoriadas sin contemplaciones por los bancos acreedores al tener ya asegurada la recuperación de sus pasivos y la creación de un mercado de compra y venta de concesiones de acuicultura. Por estas razones es que los ciudadanos, pescadores artesanales, comunidades indígenas, federaciones de trabajadores, mitilicultores, profesionales de las ciencias del mar, salud pública, empresarios turísticos regionales y organizaciones ciudadanas, llamamos a los senadores a detener en el Parlamento la aprobación de este impresentable proyecto, que es más propio de una republiqueta salmonera que de un país que será miembro de la OCDE.Advertimos sobre los vicios de origen e inconstitucionalidad tanto en el proceso como en el contenido de este excluyente proyecto de ley que hipoteca el futuro de las regiones costeras, mercantiliza Bienes Nacionales de Uso Público y precariza los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los pueblos originarios y de las comunidades costeras.Llamamos a los senadores a rechazar esta verdadera “Ley de amarre” elaborada a la medida de los intereses de los bancos acreedores de una industria ambientalmente destructiva y socialmente irresponsable que intenta socializar esta billonaria deuda privada mediante la apropiación de bienes públicos, del dinero de los contribuyentes y la privatización de 1.700 km. de litoral de Chiloé, Aysén y Magallanes.*****FIN*****
miércoles, 18 de noviembre de 2009
CARTA ABIERTA DE LA CIUDADANIA A PRESIDENTA BACHELET POR LEY AMBIENTAL
La iniciativa de ley actualmente en discusión que crea el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental enfrenta una etapa decisiva al iniciarse en estos días la fase final para su aprobación.
El envío de este proyecto de ley durante su mandato fue la culminación de un proceso que significó altos costos sociales y ambientales, tras 15 años de vigencia del actual marco legal. Varios desastres y daños irreversibles al patrimonio ambiental debieron ocurrir para que históricas movilizaciones y una creciente conflictividad socio-ambiental dieran paso al consenso político requerido para concretar los cambios institucionales largamente demandados por la ciudadanía.
El proyecto enviado por Usted representó un avance significativo, al crear un Ministerio que terminaría con la subordinación de los temas ambientales, una Superintendencia con atribuciones sancionatorias efectivas y un Servicio de perfil técnico en reemplazo de las COREMAs, que pondría fin a la nefasta intervención política y al lobby en la evaluación ambiental de las inversiones.
Durante su tramitación en la Cámara de Diputados el proyecto recibió importantes mejoras, muchas aportadas por actores sociales que se involucraron en la discusión, asumiendo el desafío de su gobierno ciudadano. Entre estas propuestas destacan la creación de espacios de participación resolutiva en la Evaluación Ambiental Estratégica, la incorporación de participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental y el fortalecimiento de las atribuciones de la Superintendencia, quedando pendiente la creación de un Servicio de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas.
En el Senado el proyecto concitó un inédito interés, jamás registrado por una iniciativa legal, manifestado en 1.350 indicaciones presentadas por 16 Senadores, la mayoría de las cuales reflejan las demandas ciudadanas que por más de una década han exigido superar los vacíos legales vigentes.
Sin embargo, desconociendo el contenido y espíritu del proyecto original, así como los consensos sociales alcanzados, su Gobierno, a través de la Ministra de Medio Ambiente, suscribió un acuerdo político con los senadores Longueira (UDI), Allamand (RN), Horvath (RN), Letelier (PS) y Alvear (DC) para forzar la aprobación en el Senado de una ley mutilada, que representa un grave retroceso respecto a los avances logrados en la Cámara de Diputados. Entre los retrocesos más graves están:
Señora Presidenta, con este acuerdo, negociado a espaldas de la ciudadanía y sus representantes en el Parlamento, su Gobierno está incumpliendo gravemente los compromisos asumidos en materia ambiental y de participación ciudadana, sacrificando de paso las atribuciones de la futura Superintendencia y perpetuando la intervención política y el lobby en la evaluación ambiental.
La ley ambiental que deberá ser aprobada en el Parlamento perdurará por años, como la actualmente vigente, promulgada en 1994 por el entonces Presidente Aylwin, sólo que esta vez llevará su firma.
Considerando la relevancia de esta reforma a la institucionalidad ambiental de Chile, le hacemos un llamado para que su Gobierno abra los espacios de discusión necesarios y reponga en el Parlamento los artículos eliminados que cercenan el proyecto y ponen en riesgo su legitimidad social. No hacerlo sería traicionar las demandas de históricos procesos de movilización ciudadana, sin los cuales esta reforma jamás habría contado con el respaldo político necesario para iniciar su tramitación.
10 de noviembre de 2009